Por Gabriela Estévez | Diputada Nacional por Córdoba | Frente de Todos
En los últimos días se dieron a conocer a través de los principales medios de comunicación de la provincia la posición de dos reconocidas clínicas de nuestra ciudad en relación a la entrada en vigencia de la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Los directivos del Hospital Privado Universitario y de la Clínica Universitaria Reina Fabiola emitieron similares comunicados informando que por razones de objeción de conciencia institucional no realizarán abortos en sus instituciones pero cumplirán con la ley derivando a las personas gestantes que así lo requieran. Algunas consideraciones sobre este tema:
I
Nos alegra que tomen como propio concepciones que respetan la autonomía en la decisión de las personas gestantes, la libertad individual, el derecho a la confidencialidad de les pacientes, al acceso a la información. Incluso que luego de cien años de promulgado el código penal, se vuelvan difusores de los requisitos para solicitar la interrupción legal del embarazo.
Sin duda es un logro de estos tiempos.
II
También hay que reconocer la transparencia con la que llevan adelante su gestión. Es bueno que sus afiliadas y pacientes sepan que su cobertura de salud no es plena ni se ajusta a los más altos standares de derechos humanos que el país asume.
Nos preocupa la velocidad con la que se pronuncian cuando de limitar el acceso a derechos se trata.
III
Agradecemos que aclaren que actuarán conforme indica la ley 27.610. No podríamos esperar que tan prestigiosas instituciones actúen en la clandestinidad, por fuera del estado de derecho que ordena nuestra vida social.
Ahora bien, el artículo 11 lo que viene a regular es que en el caso que los establecimientos de salud privada no cuenten con profesionales dispuestos a realizar las interrupciones de embarazos deben hacerse cargo de la derivación y de todos los costos asociados. Aún siendo privadas y confesionales, estas clínicas forman parte del sistema público de salud, están reguladas por el estado y son financiadas en buena medida con recursos públicos.
IV
La objeción de conciencia es un derecho individual e implica que nadie obligue a otra persona a actuar en contra de sus convicciones personales más profundas. Las empresas, instituciones, personas jurídicas en general no tienen convicciones morales o éticas. ¿Cuál sería la conciencia de una institución? Lo que ocurre en este caso es que los directivos imponen su voluntad al conjunto de profesionales de la salud que se ven forzados a derivar a sus pacientes independientemente de cuál sea su posición en relación al aborto. ¿Quién querría arriesgarse a un despido por contradecir a su empleador?
V
Cuando decimos que el poder del patriarcado no afecta solo a las mujeres, nos referimos a este tipo de mensajes que no informan ni comunican sino que tienen la función de disciplinar e imponer un punto de vista al conjunto de la sociedad.
VI
Nuestro movimiento está moldeado con la tenacidad de miles de mujeres a las que todo les ha costado más. A algunas, incluso, les ha costado la vida. El movimiento está en marcha y es irreversible. No nos distraigan ni nos quieran entristecer con sus confusos argumentos.
Nuestro compromiso firme es reforzar el sistema público de salud y garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en todo el territorio nacional.
Luchamos para que sea ley, ahora seguimos trabajando para que sea realidad.