Por Eduardo Fernández | Diputado Nacional por Córdoba | Frente de Todos
Presidente del Partido Solidario Córdoba

La Jefa de la Policía de Córdoba declaró como testigo en la 13ª audiencia por el crimen de Blas Correa, donde admitió sentir “vergüenza” por la actuación de los uniformados. Este asesinato no es un hecho aislado, y forma parte del modelo. Si no acordamos en principios básicos como el cuidado de la vida, no podremos avanzar.

La jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, reconoció sentir “vergüenza” por el accionar de los policías que mataron en agosto de 2020 a Blas Valentino Correa, un joven de 17 años que viajaba en un vehículo que evadió un control policial y que recibió disparos de parte de dos efectivos.
Además de cargar con el asesinato del joven, el procedimiento policial es investigado por posible falso testimonio, encubrimiento, y omisión de deberes de funcionario público.
Más allá de la vergüenza que siente la jefa de la Policía, este caso, que tomó gran transcendencia en la opinión pública, lamentablemente no es aislado. La violencia institucional en Córdoba, desde hace años, es moneda corriente.

Cuestión estructural
El 25 de septiembre de 2020, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a la Comisión “Seguridad y Derechos Humanos” de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba, presentaron una carta al gobernador Juan Schiaretti, con recomendaciones para el control de la actuación policial.
En la misiva, las instituciones transmitieron su preocupación “por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba” durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).
Según señalaron, durante el ASPO hasta septiembre de ese año, hubo siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con ciudadanos muertos en Villa La Tela, Villa Adela, barrio San Lorenzo, barrio Los Paraísos, Villa El Libertador, Alta Gracia, y el mencionado de Blas Correa en la capital provincial.
Volviendo a este último caso, cabe recordar que Zárate Belletti no era la jefa de la Policía cuando asesinaron al joven. En ese momento, estaba a cargo de la formación de los aspirantes.
En un esfuerzo por evitar hablar de la situación estructural de la fuerza, la actual Jefa de la Policía cordobesa manifestó su vergüenza, dando a entender que algo vinculado a la capacitación falló.
La insistencia en afirmar que los efectivos no siguieron el protocolo, busca darle el tenor de un hecho aislado donde hubo un “error” de un grupo de agentes. Sin embargo, tal como aporta la carta del CELS y la FCS, más los hechos ocurridos en los últimos años, el problema es estructural.

Voluntad política
Además de los casos de gatillo fácil, también se han multiplicado otras denuncias por violencia institucional. La represión y la intimidación también son prácticas cotidianas que se manifiestan día a día, y de las que tenemos muchísimos ejemplos.
Para modificar la situación, es imprescindible la voluntad política. Nada cambiará si en la Legislatura, en lugar de debatirse acuerdos necesarios para modificar temas estructurales en las fuerzas de seguridad, se acuerda con criminalizar las manifestaciones corriendo el eje de los problemas que tienen las políticas de seguridad en Córdoba.
Sobre la criminalización de las movilizaciones, tanto el oficialismo como el radicalismo presentaron proyectos con muchos puntos en común. No podemos avalar un modelo donde el Estado ejerce violencia sobre algunos sectores de la sociedad.
Ni hablar del debate sobre la realidad socio económica. Mientras en la Legislatura se le otorga a la Policía mayores facultades para que efectúen detenciones arbitrarias, se mira para otro lado respecto a la distribución de recursos en una Provincia que cuenta con el conglomerado urbano con mayor pobreza, desocupación y subocupación en el país.
Necesitamos en la Unicameral una fuerza que, en lugar de buscar soluciones simplistas y represivas, piense en cuidar la vida de las y los ciudadanos. Si no podemos acordar en principios básicos como este, va a ser muy complicado que salgamos adelante como sociedad.

Hace algunos días se conocieron los datos oficiales sobre pobreza y desocupación en el Gran Córdoba. El modelo Schiarettista sigue profundizando la desigualdad. Hay que construir un proyecto inclusivo que proponga un cambio de paradigma.

Los datos sobre pobreza y marginalidad, y sobre desocupación y subocupación en el Gran Córdoba siguen alarmando. La tendencia se afianza y el conglomerado cordobés sigue siendo la región con mayor índice de pobreza y desocupación del país.
En este sentido, nos preguntamos: ¿Cómo se explican los altos índices de pobreza y marginalidad en el centro urbano más importante de una Provincia tan rica como Córdoba?
Junto al equipo económico que me acompaña, presentaremos en los próximos días un informe sobre la situación de la producción y el trabajo en Córdoba, donde se explica parte de esta crisis que vive la Provincia.
Obviamente el problema es multicausal, pero se centra principalmente en el modelo que viene ejecutando desde hace más de dos décadas Hacemos por Córdoba, alianza fundada bajo el nombre de Unión por Córdoba.
Uno de los ejes que hay que tener en cuenta, está vinculado a la caída en los últimos años en sectores con una fuerte participación en el mercado laboral, como la industria manufacturera, la construcción, el comercio y el turismo.
El problema es cómo actúa el Estado frente a esta situación.

Golpe al trabajo
Uno de los mayores reclamos que planteamos los sectores pymes durante la crisis del macrismo, fue la destrucción del mercado interno. La pérdida de poder adquisitivo en la ciudadanía, hizo que se disminuyera la capacidad de compra y por ende cayeron las ventas.
En Córdoba, no sólo hay más pobreza, lo que repercute de manera más fuerte en el mercado interno, sino que se decidió desfinanciar los programas estatales para pymes.
En este marco, desde hace años se resienten las partidas destinadas a programas específicos industriales o pymes, donde por ejemplo el ajuste para 2022 en el presupuesto provincial es del 17 por ciento en términos reales, en comparación con el del año pasado.
A estos datos hay que sumarle el “costo Córdoba”, por el que todas y todos pagamos los servicios más caros del país, pero que en lo particular encarecen la producción.
Estos son algunas de las variables que inciden en el problema de la producción en Córdoba, que ha causado que la industria manufacturera sea la que más puestos de trabajo registrados ha perdido desde 2015.
Esto en relación al triste ranking de Schiaretti, que comanda una gestión que tiene 26 mil empleos registrados menos en diversos rubros desde su asunción.

Desafíos
Para dimensionar la situación, tomamos el caso de las pymes, la industria, el comercio o el turismo, pero hay muchas más variables que explican la responsabilidad del Gobierno provincial en la crisis cordobesa.
Esto es parte de un modelo político que ha profundizado las desigualdades, que ha beneficiado a los sectores concentrados de la economía mediterránea, y que ha sumido a gran parte de la población en la pobreza y la marginalidad.
Está claro que un proyecto popular en Córdoba tiene como desafío construir una propuesta que se base principalmente en la generación de puestos de trabajo, en la apuesta a la industria manufacturera, y la diversificación de la matriz productiva.
Los fuertes reclamos territoriales por el acceso a derechos, el estado de alerta de gran parte del movimiento trabajador organizado, el reclamo de los sectores vinculados a la producción, y la demanda de un Estado con mayor presencia en Salud y Educación son los puntos que deben movilizarnos.
Este año será clave en la construcción de un proyecto que piense Córdoba para transformarnos en una opción electoral que se proponga cambiar el paradigma dominante y construir así un cordobesismo popular al servicio de la ciudadanía.

Por Eduardo Fernández | Diputado Nacional por Córdoba del Frente de Todos | Presidente del Psol Córdoba

Schiaretti redobla la apuesta y busca mostrarse como el defensor de los intereses de los sectores concentrados. Con mentiras e imprecisiones, el Gobernador insiste en la división, ya no sólo del peronismo, sino la de las argentinas y argentinos. Tenemos que construir una alternativa al proyecto conservador de Hacemos por Córdoba.

Durante la semana el gobernador Juan Schiaretti redobló la apuesta y se sacó la careta respecto a lo que piensa del Gobierno nacional. En esta oportunidad, ensayó una explicación para la crisis cordobesa, y entre diversas razones, hizo hincapié en las retenciones a las exportaciones, reflotando la teoría del “efecto derrame”. Apelando a una comparación insostenible con otros países, el mandatario insistió en pedir un “dejar hacer” para los sectores concentrados de la economía.

Además, insiste en la división, ya no sólo del peronismo, sino en una ruptura de lazos entre argentinas y argentinos, con un discurso basado en datos inexactos y cargado de odio. Lejos de lo que su socio José Manuel De la Sota procuró en sus últimos años apuntando a “tender puentes”, el actual mandatario los dinamita.

Con un discurso, donde se autodenomina como “progresista”, Schiaretti esconde en realidad un profundo sentido conservador, buscando la protección de los privilegios de algunos sectores, en este caso de los grandes terratenientes, por sobre la situación de quienes menos tienen.

Cuando culpa al Gobierno nacional por los altos índices de pobreza, que ponen a Córdoba al tope en las estadísticas del país, está obviando lo que años de políticas neoliberales que él ejecutó, han causado. Es fundamental cambiar el rumbo de las políticas económicas y sociales si aspiramos a contar con una Provincia con mayor redistribución de recursos, más trabajo de calidad y con menos pobreza.

LA DEFENSA DE CÓRDOBA

La administración provincial no está llevando a cabo políticas destinadas a ayudar a los sectores perjudicados por la doble pandemia. Por el contrario, se sigue impulsando el desarrollo de sectores que tienen bajo impacto en la generación de empleo, como el agronegocio, y no hace frente a los problemas que enfrenta el resto de la sociedad.

Desde hace diez años, el agronegocio prácticamente no genera nuevos empleos, a diferencia de otros rubros, y está estancado pese a que la inversión provincial aumentó en detrimento de otros sectores.

A esto lo podemos contrastar, por ejemplo, con lo destinado a políticas industriales y pymes. Venimos advirtiendo el proceso de desindustrialización que se manifiesta en la estructura presupuestaria en Córdoba desde hace años, y para 2021 si bien lo presupuestado apenas supera el 2012, año de mayor caída en este ítem, lo devengado este año está muy por debajo, incluso del período mencionado.

Las partidas destinadas a programas de empleo están en su peor momento histórico si analizamos lo devengado en 2021. También hay una caída estrepitosa en materia de desarrollo social si analizamos lo que se invirtió en 2019.

Es indiscutible que estamos asistiendo a una clara transferencia de recursos desde el Estado provincial a los sectores concentrados. En un contexto de doble crisis tras lo hecho por el macrismo con una receta similar a la del Schiarettismo y lo que ocurrió debido a la pandemia, seguimos profundizando las desigualdades, se crea un combo letal.

Culpar al Gobierno nacional de los altos índices que presenta la Provincia, es una actitud electoralista que falta a la verdad con la ciudadanía. No podemos esperar mucho más de esta gestión provincial, pero sí es fundamental que podamos construir alternativas sólidas que planteen una transformación radical en Córdoba, para defender a todas y a todos los cordobeses e integrarlos en un proyecto que busque la justicia social.