El diputado nacional Eduardo Fernández presentó un proyecto de ley que pretende incorporar al debate sobre el Impuesto a las Ganancias, que lidera Sergio Massa, una modificación integral del sistema de deducciones personales para trabajadores y trabajadoras, adecuándolo a sus demandas y actualizándolo a los tiempos que corren, con equidad y progresividad.

El proyecto, elaborado junto a asociaciones sindicales y especialistas que cobra relevancia en el contexto de debate de la reforma del Impuesto a las Ganancias, con el texto de Sergio Massa como su directriz, propone la modificación de la Ley de Impuesto a las ganancias respecto a las deducciones previstas -montos, escalas, motivos de deducción- de la carga impositiva asignada al salario de trabajadores y trabajadoras registrados.

¿Qué propone el Proyecto?

• La adecuación de los montos deducibles respecto a la capacidad contributiva actual de trabajadores y trabajadoras registrados, preservando el salario, su carácter alimentario y la necesidad de revertir la pérdida de su poder adquisitivo.
• La actualización de los casos previstos en la Ley, profundizando las deducciones personales respecto a uniones convivenciales y el sostenimiento de hijos de entre 18 y 24 años que no registren ingresos propios, respecto a los cuales además se introduce la deuda de las obligaciones alimentarias de los progenitores como causal de cesación de la deducción de ganancias.
• En la incorporación de más deducciones con criterio social. Se incorpora a las cargas de familia deducibles y deducciones especiales:
  -Las fundadas en el sostén económico que trabajadores y trabajadoras realicen de sus nietos y nietas, hijastros e hijastras, así como de familiares en línea ascendente que se encuentren a su cargo y no registren ingresos propios.
  -Todos aquellos gastos que trabajadores y trabajadoras deban realizar para el abordaje sanitario de enfermedades complejas, crónicas y oncológicas, propios o de sus familiares a cargo.
• Las cuotas de educación inicial y primaria de familiares a cargo y toda inversión en capacitación y formación que los trabajadores y trabajadoras realicen para el progreso de sus competencias laborales y profesionales.
• El gasto en concepto de honorarios para el pago de establecimientos geriátricos de familiares a cargo.
• Un estímulo a la donación de sangre a través de una deducción especial.
• La adecuación de las escalas y conceptos deducibles a los tiempos que corren, en beneficio de los derechos de los trabajadores: los montos de deducción deberán adecuarse, en caso de períodos de alta fluctuación inflacionaria y según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
• La eximición del Sueldo Anual Complementario de todos los trabajadores y trabajadoras de la tributación de ganancias.

¿Por qué es prioritario su tratamiento?

• Para garantizar el sentido de progresividad, proporcionalidad, equidad y consistencia social, indispensables a toda política tributaria, arbitrando los medios para la protección del sector productivo y trabajador de nuestra economía nacional, el más golpeado no sólo por la crisis sanitaria internacional, sino por la destrucción del sistema productivo de los últimos años, a manos del neoliberalismo: desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario, retraso en las actualizaciones paritarias, desmesurado aumento del costo de vida.
• Porque iniciativas como ésta aportan dinamismo a la economía y movilizan el consumo y la actividad industrial, cultural y educativa de nuestro país, indispensables para el proyecto nacional para el que trabajamos y del que somos parte prioritaria desde el Congreso de la Nación.
• Porque es imprescindible eximir de la tributación indirecta a aquellas erogaciones que resultan antitéticas a la percepción de ganancias por trabajadores y trabajadoras. Esto resulta necesario más aún en este contexto histórico y con el objetivo primordial de garantizar la retribución justa y la intangibilidad del salario como principio de constitucionalmente preservado. Al respecto, toda mejora de las condiciones laborales -y particularmente, salariales- de los trabajadores y trabajadoras, en el marco de las comisiones paritarias, debe ser tal y no quedar neutralizados sus beneficios a causa de la inequidad de la política impositiva.

Por Eduardo Fernández | Diputado Nacional por Córdoba | Frente de Todos
Presidente del Partido Solidario Córdoba

La modificación del piso del impuesto a la ganancia es una acción más en el camino de la reactivación económica. Más de 41 mil millones de pesos se volcarán al consumo interno. El próximo desafío es integrar a los sectores sindicales, cooperativos y pymes a la discusión política y económica de la Argentina que necesitamos.

Gran consenso ha cosechado el proyecto del Frente de Todos para implementar la suba del piso a partir del cual trabajadores, jubilados y jubiladas, pagarán impuesto a las ganancias. En total, 1.267.000 serán los beneficiados por la modificación del mínimo no imponible de ingresos a partir del cual se tributa.
Esta decisión política se sustenta en la convicción de que la vía del crecimiento es la del mercado interno y la reactivación del consumo y la actividad productiva. No es nuevo el debate acerca de la progresividad del impuesto a las ganancias para trabajadores y jubilados, así como tampoco el cuestionamiento sobre la capacidad contributiva de estos.
Hay que recordar que Mauricio Macri hizo campaña en 2015 a partir de la eliminación del impuesto para todos los trabajadores, pero la realidad mostró otra cosa, y el resultado de su gestión fue el aumento del universo de trabajadores alcanzados por el tributo, en la incorporación del aguinaldo a la tributación y en los límites fijados a las deducciones y exenciones, en detrimento del poder adquisitivo.

DECISIÓN POLÍTICA
Pese a la crítica situación de las finanzas del Estado, al sobreendeudamiento y los efectos económicos y sociales de la pandemia, entre otras circunstancias, nuestro gobierno cambió el rumbo y defendió desde su llegada el sostenimiento del sistema productivo, del empleo y la protección de los trabajadores y trabajadoras -en relación de dependencia, informales y autónomos-.
Lo ha hecho a través del exponencial crecimiento de la inversión pública en el sector industrial y productivo, a través de la asistencia a las empresas en el contexto de la pandemia y también, a través de la discusión legislativa de regímenes de promoción, regularización fiscal y estímulo a la industria que fijan reglas de juego claras y estables a las empresas para su desarrollo.
En este sentido, la reasignación por parte del Estado de 41 mil millones de pesos volcado al consumo, es una acción más de la puesta en marcha de un modelo económico fundado en el desarrollo productivo nacional.
El alivio de la carga tributaria de trabajadores y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios son metas estratégicas también para el sector empresario, porque permitirán el fortalecimiento de los mercados, el consecuente crecimiento de inversiones y así, apuntalar la actividad económica en su conjunto. La tarea entonces es continuar trabajando por la agenda del sector productivo.

PRÓXIMOS DESAFÍOS
La continuidad de la promoción de biocombustibles con prioridad en la preservación de las economías regionales vinculadas, la profundización de la asistencia financiera para la inversión productiva de nuestras pequeñas y medianas empresas, la regulación del comercio interno para garantizar la participación PyME en las cadenas productivas y favorecer su competitividad y formalización, son algunos de los desafíos que afrontamos en los próximos meses, para crear trabajo y desarrollar la producción.
Estas prioridades para un proyecto de país que incluya a todos los sectores y en el que empresarios y trabajadores sean sus protagonistas para poner en valor la producción y el trabajo, deben contar con la participación de los actores pymes, de la economía social y del sindical, para evitar que estos crecimientos sean apropiados por los sectores monopólicos y oligopólicos a través de la suba de precios y que llegue a los sectores que más lo necesitan.