¿Qué pasó esta semana en el Congreso?

I. Obtuvo dictamen el Proyecto sobre Modificación de la Ley de Expropiación de Casa Grande en la Cámara de Senadores.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales dictaminó a favor del proyecto de ley que tiene como objetivo rectificar la nomenclatura catastral del inmueble conocido como Casa Mazzolari-Cerutti o Casa grande. La iniciativa propuesta por la Senadora Anabel Fernández Sagasti sustituye el artículo 1 de la ley 27.047 sobre expropiación del inmueble, ley que fue sancionada en el año 2014 por el Congreso, para poder avanzar con el objetivo propuesto de expropiación del inmueble, sin dificultades, con destino al archivo nacional de la memoria, quien deberá destinarlo al funcionamiento de un espacio para la promoción de políticas de memoria y la difusión y defensa de los derechos humanos.
La Casa Grande, ubicada en Chacras de Coria en Mendoza, es una vivienda construida a fines del siglo XIX que perteneció a Victorio Cerutti, Jorge Manuel Cerutti y Omar Masera Pincolini, quienes fueron secuestrados desde su propio inmueble.
Lee más:
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/812.21/S/PL

II. Se reunió la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación.
La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación recibió al Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, quien brindó un informe respecto al estado de la deuda y respondió las consultas de los miembros de la comisión. El Ministro comenzó explicando el punto de partida, caracterizado por una deuda insostenible en dólares, ausencia de mercado en pesos y presiones por salida de capitales extranjeros especulativos; continuó con la restructuración de la deuda pública emitida en moneda extranjera (acreedores privados) y con acreedores bilaterales y organismos multilaterales; y finalizó con las estrategias para reconstruir y fortalecer el mercado de deuda pública en pesos. Asimismo, destacó la articulación del gobierno con el congreso para procurar que no haya endeudamiento insostenible en moneda extranjera a través de la sanción de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública aprobada en marzo de este año, iniciativa del Poder Ejecutivo.

III. El Diputado Nacional Eduardo Fernandez presentó un Proyecto de Ley sobre el Principio de No Regresividad.
La iniciativa impulsada por el Diputado del Frente de Todos busca incorporar a la Ley General del Ambiente, Ley 25.675, el Principio de No Regresividad: “toda nueva legislación y política pública de los Estados en materia ambiental debe sostener o incrementar en los principios que la rigen y en los que se sustenta su ejecución los niveles de protección vigentes, los derechos adquiridos y los marcos de protección ambiental establecidos respecto a la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Los objetivos alcanzados en materia ambiental no deberán ser disminuidos ni alterados por políticas públicas.”
En sus fundamentos, expresa que “el cuidado del medio ambiente nos involucra y nos insta a la búsqueda de herramientas que ayuden a su conservación y preservación, así como a la construcción de modelos de desarrollo económico y productivo basados en la sostenibilidad. Si el desarrollo productivo no puede pensarse ajeno a la problemática ambiental y sólo es posible a través de su preservación y su proyección sostenible, la regresividad en la normativa y las políticas públicas implicaría ineludible retroceso en el compromiso colectivo e institucional al respecto: el Estado debe garantizar la estabilidad de los marcos normativos protectorios del ambiente y de las políticas públicas en la materia. Para ello, la incorporación del Principio de no regresividad que sustenta el presente Proyecto y que actualiza la normativa base de nuestro ordenamiento jurídico en materia de protección ambiental a esta indispensable y prioritaria directriz.” El proyecto incorpora el principio de manera expresa a los vigentes del artículo 4 del plexo normativo, a fin de que no sea interpretado dentro del Principio de Progresividad ya que el mismo es utilizado como sinónimo de gradualidad y temporalidad, sino que se implemente como un principio independiente con características propias. Las nuevas normativas en materia legal y de políticas públicas nunca deberán suponer el retroceso de los niveles de protección ya alcanzados, no podrán restringir o limitar los compromisos existentes, los derechos adquiridos, las garantías alcanzadas para la preservación ambiental, sino sostenerlas e incrementarlas.

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