La perspectiva de género como política de Estado

En sintonía con las palabras del Presidente de la Nación en la apertura del período legislativo y en función de la urgente y dramática situación que vivimos respecto a violencias de género, la Diputada Nacional Carolina Gaillard reflexiona acerca de la legislación penal respecto a las problemáticas de género, la actuación de la justicia y las demandas prioritarias para revertir la emergencia que sufren en nuestro país mujeres y diversidades.

Por Carolina Gaillard, Diputada Nacional del Frente de Todos por Entre Ríos
Presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación

Durante el año 2020, desde la Comisión de Legislación Penal, convocamos a cinco reuniones informativas junto con la de Mujeres y Género de la Cámara de Diputados de la Nación. Expertas de todos los poderes del estado, organizaciones, académicas y referentes territoriales, abordaron proyectos vinculados a la violencia contra las mujeres y LGBTTTIQ+ con estado parlamentario.
Las expositoras trataron el problema de Justicia y Género, desmitificando la voluntad punitivista del feminismo y abriendo la mirada a una estructuración no binaria de la ley. Consideraron útil potenciar las facultades disciplinarias del Estado en todas las áreas como parte de un cambio cultural estratégico en las políticas contra las violencias.
La tensión entre la “tutela” estatal y la autonomía de las mujeres quedó plasmada en la crítica al fallo “Góngora”, enfatizaron que no hay soluciones unívocas y que suponer que la voluntad de la víctima está viciada en todos los casos, tal como lo hace el fallo, también implica revictimizarla. Se dieron alternativas a un sistema de justicia que desoye y hostiga. Patrocinios jurídicos gratuitos, escucha activa, dispositivos territoriales, acompañantes comunitarias, sistemas acusatorios, oralidad, especialidad y capacitación de los actores judiciales y sus funcionarios.
En relación a niños y niñas se instó a desacralizar las pruebas, que la Justicia adapte sus modelos interpretativos a la particularidad de cómo relatan los hechos. Se llamó a visibilizar la interseccionalidad, y la necesidad de las mujeres indígenas de abordajes interculturales, para que sus cuerpos y sus decisiones de vida no sean objeto de disposición Estatal.
En cuanto a mujeres y LGBTTTIQ+ en conflicto con la ley penal, las altas tasas de privadas de la libertad por narcomenudeo llevaron a relacionar la actividad con su mayor vulnerabilidad social y su rol de cuidadoras. Las familiares de personas privadas de la libertad visibilizaron las violencias que sufren por parte del Servicio Penitenciario y la falta de dispositivos de resocialización con perspectiva de género.
Diariamente son noticia testimonios sobre el derrotero para hacer una denuncia, poner en marcha recursos, o cómo las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial actúan en connivencia con la estructura machista de la sociedad. La política estatal también debe centrarse en estos actores. Las bajas tasas de casos que llegan a juicio o condena, por archivo o prescripción, desalientan la denuncia y revictimizan. Capacitar, sensibilizar, crear protocolos, alertas tempranas, dispositivos integrales de acompañamiento son parte de una política integral.
Se destacó la falta de cultura jurídica en el fuero penal que incorpore la perspectiva de género, no como una opción, sino como lo que es, una política de Estado. Aquí me detengo brevemente en uno de los aspectos de un proyecto que presenté este año que propone agravar sanciones para funcionarios y jueces que infundadamente nieguen u obstaculicen el acceso a la Justicia en casos de violencia de género. Me propongo un debate postergado sobre el rol de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad, más aún ante el surgimiento de casos en los que la intervención del sistema de Justicia demostró absoluta impasividad ante los problemas vitales de las mujeres y LGBTTTIQ+.
No podemos dejar de relacionar este desempeño de la Justicia con las estadísticas que indican que la mayoría de las víctimas fatales por violencia de género no habían realizado denuncia alguna. La mayoría de las mujeres y LGBTTTIQ+ no sienten confianza en que la Justicia vaya a aportar soluciones a los problemas que las aquejan y ese es un gran problema social y político que, como legisladores, debemos abordar.

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