Por Lic. Paula Reinoso y Dra. Erika Saccucci | Integrantes del Llano en Llamas y CEPSAL
El lunes 10 de agosto desde el Equipo de investigación El llano en llamas y la Fundación El Llano – Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) publicamos un informe sobre la situación social en la provincia de Córdoba. El estudio, que titulamos “La Foto Revelada: Informe sobre la situación social, conflictividad y medidas gubernamentales en la Córdoba de la pandemia” cuenta con más de 150 páginas y es producto de un trabajo de sistematización de documentos secundarios disponibles y públicos, sumado a antecedentes de diversos proyectos propios de investigación radicados en la UNC, UCC y el Conicet.
Los resultados, lejos de presentar a la crisis como una novedad producto de las medidas tomadas durante la pandemia, señalan que la gravedad y urgencia de las problemáticas que vive la población cordobesa no es ni coyuntural, ni solo sanitaria: es laboral, habitacional, alimentaria y de alta violencia y vulnerabilidad ambiental. Algunos datos sirven para graficar el carácter estructural y multi-emergente de la crisis:
- Emergencia laboral: entre el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y julio de 2020, se contabilizan más de 13.000 trabajadoras/es despedidos, casi 3.500 suspensiones y casi 32.000 con reducciones salariales. Asimismo, la informalidad representa, en marzo de 2020, el 55 por ciento de la fuerza laboral del Gran Córdoba.
- Emergencia alimentaria: casi 4 de cada 10 cordobesas/es que viven en el área metropolitana no pueden costear con sus ingresos mensuales los gastos básicos para sostenerse. En la ciudad capital, una familia tipo necesitó en junio de 2020 unos 40.193,73 pesos para no ser pobre.
- Emergencia habitacional: Los sectores populares, los/as jóvenes, las mujeres y disidencias resultan poblaciones particularmente vulnerables. Hasta abril de 2020 fueron relevadas 50.687 personas en los barrios populares de la provincia (el 76,8 por ciento en la capital). Durante el ASPO registramos al menos ocho conflictos en tomas de tierras (siete en Córdoba capital), que exponen la situación de nuevas generaciones de personas sin techo que representan el 30% de los barrios populares relevados.
- Emergencia por el ejercicio de violencia por parte de fuerzas de seguridad: desde la vuelta a la democracia hasta 2019, 463 personas murieron a causa del accionar represivo, arbitrario y discrecional de los agentes. Asimismo, iniciado el ASPO se registran prácticas de hostigamiento policial hacia jóvenes de sectores populares. Sobre la violencia de géneros: Córdoba es la cuarta provincia con la mayor cantidad de femicidios (registrando 9 en lo que va del año); y el 75 por ciento ocurrieron en el domicilio de la víctima.
- Emergencia ambiental: la continuidad de la actividad agropecuaria no ha evitado que 6.500.000 hectáreas de soja y de maíz en el territorio provincial reciban fumigaciones que suman más de 97 millones de litros de agrotóxicos por año. A la vez, a pesar de que el desmonte es una actividad suspendida durante el ASPO, entre mayo y junio de 2020, se detectaron 3 alertas de desmonte en el territorio provincial.
Con todo ello, los reclamos o demandas que irrumpieron en la esfera pública durante los meses de ASPO exponen urgencias que experimentan los distintos colectivos, para sostener nada más y nada menos que la vida. No obstante, las respuestas por parte de los diferentes gobiernos no se han volcado a resolver de manera estructural las problemáticas planteadas. Si bien se advierte una importante presencia estatal en la regulación de la crisis, sobre todo a nivel nacional, “la masa de políticas tomadas durante ASPO se presenta como un conjunto fragmentado, a veces contradictorio, extremadamente focalizado y, en la mayoría de los casos, insuficiente”. Es urgente entonces (re)pensar las políticas y de reorientarlas de forma tal de superar la falsa idea de “emergencia coyuntural” para construir desde las bases una sociedad más justa e igualitaria para todes.
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