La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría a un proyecto de ley que busca prohibir la asistencia económica, a través de subsidios, transferencias, exenciones impositivas o beneficios fiscales del Estado nacional, a empresas domiciliadas en guaridas fiscales.
Se trata de una iniciativa que había sido tratada en el recinto el 24 de setiembre pasado y que fue devuelta a comisión, luego de un cambio en el texto -incluido durante el debate por el Frente de Todos-, lo que motivó que los legisladores de Juntos por el Cambio y del interbloque Federal pidieran abstenerse en la votación.
En los últimos días, se acordó un texto unificado en base a las iniciativas de Fernanda Vallejos, Pablo Carro, ambos del Frente de Todos, y Graciela Camaño, del Interbloque Federal, que incorpora modificaciones respecto al original.
La iniciativa recibió dictamen esta tarde en la comisión de Presupuesto, presidida por Carlos Heller, previo al tratamiento del Presupuesto 2021 con el respaldo de la mayoría de los bloques, excepto Juntos por el Cambio que insistió en la redacción original y suscribió un dictamen de minoría.
Entre los cambios incorporados al texto en el marco del debate, se estableció incluir además a las empresas que registren saldos impagos por tributos de índole nacional por montos iguales o superiores a los que la ley Penal Tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada.
«Estamos cuidando y defendiendo los intereses y derechos de nuestro pueblo», aseguró Vallejos, al exponer en la reunión, donde sostuvo que las off shore «no son un paraíso sino un verdadero infierno para nuestros pueblos y la cloaca de nuestro sistema económico».
Desde Juntos por el Cambio, el radical Luis Pastori (UCR-Misiones) anticipó el rechazo de esa bancada al proyecto al sostener que «es una ley que expulsa la inversión. No va a quedar ninguna empresa con esto».
Por su parte, el diputado Eduardo Fernández, subrayó que la ley sirve para evitar que los recursos se vayan por la canaleta de la especulación”.
Entre otras cuestiones, el proyecto busca «consagrar y establecer la prohibición y exclusión de la asistencia económica y/o financiera, ya sea que se trate de subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social, por parte del Estado nacional».
El texto contempla a sociedades constituidas en el extranjero, personas humanas, jurídica, establecimiento permanente u otra entidad, fideicomiso o figura equivalente, domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación.
Asimismo, excluye de acceder a beneficios o subsidios del Estado a personas procesadas con auto de procesamiento firme por delitos contra la Administración Pública Nacional o se encontraran condenadas, aún cuando la condena no se encontrase firme mientras revista esa condición.