Ahora es cuándo. Políticas de comunicación y los avances necesarios

Por Ana Laura López | Integrante de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO)

Mirar el mapa comunicacional mundial puede ser abrumador. Fake news, operaciones mediáticas con objetivos destituyentes, vigilancia digital, la guerra por los datos, la no ética en todo eso y los vínculos cada vez menos ocultos entre los actores que representan los intereses de las clases dominantes.
Sin embargo, existe un sector que históricamente da la batalla por otra comunicación, que la entiende como un derecho y defiende la democracia, los intereses populares y que resiste.
La derecha intentó consolidarse en nuestro país por la vía democrática y no pudo aguantar más de un período. Pero en Bolivia ante la derrota en las urnas arremetieron con un golpe de estado a la vieja usanza, como creíamos que ya no veríamos. En otros lugares, los golpes a gobiernos democráticos y populares tomaron otra forma: con la estrategia del lawfare y los juicios políticos como en Brasil o en Paraguay. Seguimos atentes hace unos días la protesta por reclamo salarial de policías armados en la residencia presidencial. En cada una de esas situaciones, los medios de comunicación hegemónicos fueron (y son) actores principales, porque no sólo son aliados, sino socios en ese entramado de poder con intereses económicos y estratégicos.
Por su parte, los medios comunitarios, cooperativos y sin fines de lucro resistimos dictaduras, crisis económicas y políticas; y dimos batalla al embate neoliberal que el macrismo y compañía llevó adelante con una feroz velocidad, sosteniendo los proyectos colectivos pese a todo.
Eso deja claro que otra comunicación es posible, una en funcionamiento, que cuenta con una estructura históricamente sostenida, valiosa, con incidencia, con trabajo en red que debe fortalecerse también desde la decisión política del Estado. Para lograr que la pluralidad sea una realidad, que la democratización de la palabra no sea una declamación sino una opción concreta en los en los diales, portales, diarios, cables, redes y plataformas.
Entendemos que se está trabajando en ese sentido. Existe una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) – gestada por este sector y mutilada por Macri- que marca el camino; un proyecto de ley para fomentar la pluralidad y la diversidad informativa; se declaró servicios públicos esenciales a Internet, la telefonía celular y la TV paga; se anunció un plan de conectividad para todo el territorio nacional.
Pero hay que avanzar (o ir bien a fondo de una vez) en limitar los monopolios, en legalizar todas las radios comunitarias (el 40% de las radios que integran FARCO aún no tiene licencia), en incluir en todas las grillas de cable los canales comunitarios, en desactivar los herencias macristas como los protocolos que siguen vigentes y permiten decomisos y clausuras de medios. En contar con una estrategia integral de comunicación con otra perspectiva que nos tenga como protagonista. En garantizar la asignación y ejecución integral del fomento que hoy marca la ley, su recuperación, intangibilidad y la garantía de que no se use para otros fines. Y la gran deuda: una política federal de distribución de la pauta publicitaria oficial regulada por medio de una ley.
La LSCA ya dio el salto necesario al poner en claro que la comunicación es un derecho, toca seguir tomando las decisiones necesarias para que se pueda concretar ese camino y abonar desde esta mirada a la construcción de un estado para todes y democracia para siempre.